Tema 3 · Las fases de la concesión del crédito a particulares

La documentación no es una colección de papeles: cada elemento debe responder a una pregunta del análisis.

La información declarada es lo que afirma el solicitante; la documentada está respaldada por una evidencia; y la verificada ha sido contrastada y resulta coherente. Las tres pueden coincidir, pero no son sinónimas.

La aprobación expresa el apetito y los criterios de la entidad. No demuestra por sí sola que la deuda sea conveniente para el cliente. El asesor debe comprobar además el coste, el margen residual, la flexibilidad y la coherencia con sus objetivos.

Los ingresos admisibles no son necesariamente todos los abonos observados en la cuenta. Deben ponderarse recurrencia, estabilidad, antigüedad, documentación y horizonte de la operación. Del mismo modo, el numerador debe recoger todas las cuotas relevantes, no solo la financiación solicitada.

La primera ratio ya consume una parte elevada de los ingresos; la segunda revela que la operación depende de la continuidad de la remuneración variable. No existe un porcentaje único que obligue a conceder o denegar, pero el expediente justifica estudiar una contraoferta: reducir importe, aportar más capital, cancelar deuda previa o conservar una reserva mayor.

La decisión debe poder reconstruirse: qué datos se utilizaron, qué ajustes se hicieron, qué escenario se aplicó y qué condiciones resultaron determinantes. En el ámbito de la Ley 5/2019, el préstamo solo se pone a disposición si la evaluación indica que probablemente se cumplirán las obligaciones. Si se deniega, el potencial prestatario debe ser informado por escrito y sin demora; la comunicación debe indicar si intervino una decisión automatizada y, cuando proceda, una base de datos.

Formalizar no es simplemente firmar. Supone convertir la oferta aceptada en obligaciones exigibles, identificar a las partes, fijar capital, disposición, duración, intereses, TAE, comisiones, pagos, garantías, incumplimiento, modificación y terminación, y utilizar la forma jurídica requerida.

El producto determina el contrato, pero también puede haber documentos accesorios: aval, fianza, prenda, seguro opcional o mandato de domiciliación. Cada obligación debe leerse por su función y no como una sola «carpeta de firma».